11 Julio, 2012 - 22:19
Credito:
Redacción / El Economista
El
embajador de México en Japón, Claude Heller, firmó el Acuerdo Comercial
contra la Falsificación (ACTA), el cual establece un marco general para
detener el comercio ilegal de productos "pirata", que incluye su
distribución masiva por canales digitales.
ACTA busca una
brindar una mejor protección a nivel mundial de los derechos de
propiedad intelectual de los creadores nacionales, así como atraer
nuevas inversiones y asegurar fuentes de trabajo cerrando el paso al
comercio ilegal, informó el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial a través de un comunicado.
De acuerdo con el IMPI, el
acuerdo no representa una violación a los derechos humanos reconocidos
por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México es
parte y refiere que el Estado deberá ceñirse además, a la legislación
secundaria que el Congreso emita en la materia con respecto al derecho a
la legalidad y privacidad de datos.
ACTIVISTAS PROTESTAN
A
pesar de que el documento difundido por el IMPI afirma que el ACTA no
implica un ambiente de vigilancia o monitoreo a las actividades de
usuarios en la web, ni medidas como la revisión o decomiso de equipos,
activistas se niegan a aceptarlo.
"No vamos a permitir que se tire el trabajo de un consenso muy amplio a la basura",
afirmó Antonio Martínez Velázquez, defensor de la libertad de Internet
en México, en referencia a las mesas de trabajo realizadas el año pasado
que concluyeron en
rechazo por parte del Senado a la adhesión del acuerdo.
El
también abogado comentó que la firma del acuerdo refleja una coherencia
con la política exterior del presidente Felipe Calderón, aunque deberá
ser aprobada por el Congreso por lo que estará en manos de la siguiente
legislatura.
Agregó que
reactivarán los trabajos de discusión y análisis con el próximo periodo para evitar la implementación de una normatividad que invada la privacidad y libertad de los usuarios de Internet.
Con
la firma del ACTA, México se une a países como Australia, Canadá,
Corea, Estados Unidos, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y la
Unión Europea en la aplicación de medidas de seguridad.
Con información de Julio Sánchez Onofre
Fuente: El Economista
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